La reforma a las regalías entra en su etapa definitiva. Mientras que todos quieren meterle mano al texto, el Gobierno busca blindar los $9 billones que están en juego. El camino para lograrlo está bastante enredado.
Los últimos debates de la ley de regalías van a resultar un terreno minado para el Congreso y el Gobierno. La discusión se va a poner como para alquilar balcón, pues están en juego unos $9 billones al año; de ahí que sean muchos los intereses involucrados, todo ellos legítimos, pero no necesariamente convenientes.
"Se trata sin lugar a dudas del proyecto más importante de la actual legislatura", dice el senador Luis Fernando Velasco, uno de los ponentes de esta iniciativa que busca cambiar la Constitución. El país está asistiendo a una reforma fiscal sin antecedentes, de donde deberán salir los recursos para sacar a muchas regiones del atraso.
El actual proyecto ya tuvo en la Comisión Primera de Senado su quinto de ocho debates. Así pues, la ley está en su fase decisiva. A pesar de que hasta el momento la discusión ha avanzado sin contratiempos, hay riesgos evidentes de que la norma termine con menos dientes de los que se pretendían.
La principal amenaza se refiere al manejo y destinación de los recursos. La meta inicial del Gobierno era quitarles a las regiones productoras el monopolio de las regalías, que le han generado en los últimos 15 años $42 billones al país. Los resultados habían sido desastrosos. Al menos 80% de esos dineros fue ejecutado por apenas ocho departamentos y 112 municipios y el impacto en materia de reducción de la pobreza ha sido prácticamente nulo. Algunas regiones que figuran entre las principales receptoras de regalías están también entre las más pobres del país.
La sensación que tiene la opinión pública es la de que la mayor parte de esos recursos se dilapidó entre la corrupción y la politiquería. Con las regalías, la descentralización ha mostrado su peor faceta.
Por eso el Gobierno se fue inicialmente con un proyecto que definía en líneas generales qué eran las regalías; creaba los fondos de estabilización, de ahorro y de compensación y señalaba unas inversiones en ciencia y tecnología. Le quitaba así el manejo directo a las regiones y abría nuevos campos de inversión de los recursos.
Pero en medio del debate político en el Congreso, el proyecto ha sufrido ajustes. El asunto es así: el texto actual define que $20 de cada $100 que se generen por regalías irán a financiar proyectos de ciencia y tecnología y a cubrir el pasivo pensional de las regiones. A precios de hoy, estos podrían ser cerca de $1,8 billones.
Los otros $7,2 billones serán repartidos así: 70% irá a un fondo de ahorro regional, a uno de desarrollo territorial y a uno para financiar proyectos en las regiones más pobres del país. El cambio más importante significa que las regiones productoras van a manejar el otro 30% 'directamente'. Este último porcentaje irá reduciéndose en los primeros tres años, hasta llegar al 20%.
Esto significa básicamente que la ley le garantiza a los municipios y departamentos productores un ingreso mínimo, correspondiente casi a una cuarta parte de las regalías actuales. La fórmula resulta entreverada y la medida ha generado polémica, pues lo normal es que la Constitución de un país verse sobre asuntos generales y no sobre porcentajes específicos. Pero esa fue la manera que encontraron los ponentes y el Gobierno para blindar el proyecto, porque todavía hay una amenaza latente en el futuro inmediato: la ley reglamentaria.
Cabe recordar que toda norma constitucional debe ser desarrollada a través de una ley estatutaria u ordinaria. En el caso de la ley de regalías, esa nueva discusión empezará el próximo semestre, en la Comisión Quinta, donde tienen asiento todas las regiones productoras. Si la reforma constitucional quedaba muy general, habría un mayor margen de maniobra para los intereses particulares de cada región.
Así que, desde una perspectiva de la estrategia política, los porcentajes tienen pleno sentido para darle dientes al nuevo esquema de redistribución de los recursos y garantizar que se destinarán a lo que el Ejecutivo quiere.
Sin embargo, han aparecido críticos del proyecto, como el senador José David Name, quien pertenece a la Comisión Quinta. Para él, la fórmula para redistribuir esos recursos debería definirse en la ley reglamentaria. Name considera que no es habitual que un acto legislativo señale porcentajes en la Constitución.
El congresista pedirá una modificación al texto en plenaria de Senado. Primero, porque es necesario incluir recursos para la conservación del río Magdalena y, segundo, porque "debe ser la ley reglamentaria de regalías la que diga a dónde va el dinero y en qué porcentaje. Vamos a hacer el debate en la plenaria, porque no vamos a permitir porcentajes. Esta es una reforma constitucional y no una ley estatutaria. En asuntos legislativos, el Gobierno se ha equivocado varias veces, tal como ya lo hizo con los decretos de emergencia, que se cayeron por querer hacer las cosas caprichosamente", explicó.
Ese es el punto central que va a generar polémica en los próximos debates. De hecho, las regiones productoras tienen también su propia fórmula. Los departamentos y municipios han planteado que la ley debe reasignar las prioridades en función de las nuevas realidades regionales. Por ejemplo, ahora es necesario invertir en vías o acueductos y no tanto en educación o salud. Además, para los municipios productores es necesario invertir en control y vigilancia, especialmente en la liquidación por parte de las empresas que explotan los recursos.
La marejada de intereses es una amenaza real para la más importante reforma fiscal que haya adelantado el país en los últimos años. Y todavía quedan pendientes tres debates que se desarrollarán en menos de mes y medio. La posibilidad de que esta ley termine con un rosario de perlas es un riesgo latente. El objetivo de fondo es que la nueva norma convierta las regalías en un verdadero motor de desarrollo para todo el país.
Hay que estar con la lupa puesta en esta reforma durante su etapa decisiva. Cualquier adición al texto actual podría abrirles el campo a micos que desnaturalicen los cambios de fondo. No se puede olvidar que el esquema actual ha resultado un verdadero fracaso. Por eso es necesario garantizar que los billonarios recursos que va a seguir generando esta mina de oro llamada regalías, sean bien invertidos. Es una apuesta por el futuro del país.
Tomado de la Revista Dinero
