Mara Ortega Acuña
El conocimiento - esto es, la educación en su sentido verdadero - es nuestra mejor protección contra el prejuicio que no razona y el miedo que produce pánico, ya sea que éstos nazcan de algún interés especial, de minorías restrictivas o de líderes aterrados." - Franklin D. Roosevelt
Un informe del Sistema de Alertas Tempranas –SAT- de la Defensoría del Pueblo, tras un breve diagnostico de situaciones de hecho ocurridas en años anteriores en el municipio de Maicao, su población heterogénea, la actividad comercial, la condición fronteriza, el territorio ancestral y estratégico de la etnia wayyu y la comunidad árabe adinerada, concluye con la calificación de la alta vulnerabilidad de la población civil de esta ciudad. Maicao es una ciudad de riesgo alto. Coincide este documento con la aparición de varios panfletos amenazantes que se reproduce, distribuyen y publicitan muy bien y libremente en todo el país, y además con hechos de sangre aún más escabrosos en donde se asesina selectivamente a personajes de toda índole social.
El último de estos hechos doloroso al extremo por ser la víctima un niño de 15 años, suma otro ingrediente terrible a este dantesco escenario, indígenas wayuu organizados en bandas delincuenciales.
El Colegio de Abogados de Maicao –CODAMA-, organización de la población civil, que existe en actas y reposaba en sueño de hibernación social, despierta alarmada para asumir la responsabilidad social de alertar a las autoridades y a la comunidad sobre el terrible riesgo de dejar a Maicao nuevamente de la mano de los violentos.
Maicao, población sui generis con las características propias de las ciudades fronterizas, se asumió por mucho tiempo por los foráneos como una ciudad de paso, en donde la misión era adquirir riquezas (no importaba la forma) y regresar a sus lugares de origen para allí disfrutar del provecho de haber padecido en esta tierra de Dios, o también, para pasar de cualquier forma la frontera camino a la rica y prospera Venezuela, sueño americano de los pobres de la costa Caribe en décadas pasadas. Aún hoy persiste esa impropia conducta social en muchos de sus habitantes. Esta condición hace que los procesos sociales de empoderamiento, vida urbana y convivencia sean lentos, casi paquidérmicos.
La connivencia con conductas al margen o en la frontera de la legalidad, se constituye en otra de las características que hacen de la ciudad un verdadero laboratorio social de comportamientos urbanos. Generalmente las fronteras están asociadas con tráficos legales o no de mercancías de igual condición, para el caso de la Guajira, el hecho geográfico de ser península en el mar Caribe, la convierte en frontera marítima y terrestre. Es claro que la condición de legalidad o no de los tráficos de personas, bienes y medios de transporte, está directamente relacionado con la presencia del Estado en sus diferentes formas, para efectos de generar gobernabilidad. Para el caso concreto de departamento 350 kilómetros de costas con puertos naturales de excelente calado y 250 de frontera terrestre, sin presencia estatal integral, favorece los factores de ingobernabilidad.
Así las cosas, la situación de inseguridad, caos, violencia y miedo no son sino unas de las consecuencias de la falta de Estado, no solamente del aparato armado o del sopor asistencialista, sino en forma de desarrollo, de institucionalidad, de servicios, de vias, de puertos, de procesos productivos, de industrias, etc.
En un primer análisis de esas carencias y quizá por ser el más cercano a la realidad laboral de los abogados, la agremiación profesional centró su primer ejercicio en el tema del tamaño de la estructura de la Administración de justicia en Maicao. Como consecuencia de la Ley 906 de 2004 y del alto nivel de delincuencia registrado en la región de competencia judicial (Maicao, Uribia, y Albania) el sistema penal acusatorio ha copado toda la capacidad de los juzgados promiscuos del circuito y locales, al punto que la jurisdicción civil, laboral, de familia y hasta las tutelas, pasan a segundos y últimos renglones, lo que genera obviamente malestar en la ciudadanía y la búsqueda de soluciones a sus problemas por otras vías más expeditas y eficientes. La Fiscalía por su parte, no cuenta con la capacidad operativa para contrarrestar el tamaño del problema delincuencial. No se ha implementado pese a la urgencia, el modelo de gestión de la Unidad de Reacción Inmediata –URI- creados para facilitar el acceso a la Administración de Justicia a través de la prestación permanente del servicio, contrarrestar las diferentes manifestaciones de criminalidad, lograr la efectividad de la actividad judicial, dar respuesta oportuna a solicitudes de la comunidad y alcanzar el acercamiento a ésta; funcionan estas unidades en equipo, la Policía Judicial y el fiscal director de la investigación en servicio 24 horas. Es lamentable la larga fila de victimas de toda clase de delitos en las oficinas del CTI, que funciona más como receptora ineficiente de denuncias y en horas de oficinas públicas, que como verdadera policía judicial con capacidad de investigación y respuesta al crimen. Para colmar la necesidad del servicio se requiere de manera urgente especializar la prestación del servicio judicial acabando con la promiscuidad, aumentando el número de jueces, dar a la fiscalía y la policía judicial mayor capacidad operativa en recurso humano y logístico, e implementar un verdadero programa de prevención del delito, que incluya actividades de inteligencia en donde se involucren a todas las autoridades.
Este análisis de falencias podemos hacerlo en cualquiera de los frentes citados y encontraremos soluciones, lo cual nos hace optimistas; todas ellas relacionadas con la presencia efectiva del Estado nacional, regional o local, lo que nos convierte en escépticos. El Informe del SAT, puede darnos luces sobre algunos aspectos fundamentales para contrarrestar la vulnerabilidad frente al crimen, lo cual hace obligatorio que todos lo conozcan y para el caso de las autoridades dar cumplimiento estricto a las recomendaciones allí planteadas.
Pero también debemos encontrar soluciones en la sociedad civil, susceptible de ser manipulada ora por el miedo, ora por la ignorancia; dos situaciones podrían cambiar el panorama, valor civil y conocimiento. Ambas son difíciles en el corto plazo, pero se debe comenzar. CODAMA, como parte de su responsabilidad social, asume el liderazgo de exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual utilizaremos todos los medios legales a nuestro haber, incluyendo las denuncias a nivel internacional. Esto es solo el comienzo, aspiramos además a despertar a nuestros conciudadanos del letargo histórico al que hemos sido sometidos y responder con idoneidad al embate de la delincuencia organizada.
Mara Ortega
Abogada.
Maicao, marzo 2009
