EDGARDO MAYA - PROCURADOR GENERALBogotá, 18 de julio de 2008. Por participar de una actividad contractual posiblemente desconociendo los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa, la Procuraduría General de la Nación, elevó pliego de cargos contra el ex gobernador de la Guajira José Luís Gonzalez Crespo y su secretario de obras públicas Javier Alfonso Figueroa Mejía.
La decisión fue asumida por el ministerio público al considerar que el ex mandatario departamental José Luís Gonzalez Crespo, durante el año 2004 celebró un contrato de consultoría para la viabilidad de los estudios y diseños de las obras de defensa de la franja litoral de Riohacha sin al parecer hubiese exigido la póliza de calidad del servicio.
Anotó que por este motivo, probablemente no se cumplió con la finalidad para la cual el contrato fue celebrado, quedando falencias y fallas que hacen no viable su materialización, tanto así que por recomendación de la Dirección General Marítima Centro de Investigaciones Ocanográficas e Hidrográficas, la administración se vio obligada a complementar o adicionar este estudio con uno nuevo.
La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública consideró que tanto el ex mandatario departamental, como el Secretario de Obras Públicas, Javier Alfonso Figueroa Mejía, pudieron incurrir en incumplimiento de su deber al no proteger los intereses de la entidad por omitir ordenar hacer efectiva la póliza de cumplimiento de dicho contrato.
Afirmó además que la falta es considerada como gravísima y a título de dolo pues a pesar de tener el conocimiento directo de las fallas de los estudios y diseños referidos, los funcionarios aparentemente no realizaron ninguna acción o gestión para que se hiciera exigible la póliza prefiriendo transgredir el ordenamiento jurídico.
La decisión fue asumida por el ministerio público al considerar que el ex mandatario departamental José Luís Gonzalez Crespo, durante el año 2004 celebró un contrato de consultoría para la viabilidad de los estudios y diseños de las obras de defensa de la franja litoral de Riohacha sin al parecer hubiese exigido la póliza de calidad del servicio.
Anotó que por este motivo, probablemente no se cumplió con la finalidad para la cual el contrato fue celebrado, quedando falencias y fallas que hacen no viable su materialización, tanto así que por recomendación de la Dirección General Marítima Centro de Investigaciones Ocanográficas e Hidrográficas, la administración se vio obligada a complementar o adicionar este estudio con uno nuevo.
La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública consideró que tanto el ex mandatario departamental, como el Secretario de Obras Públicas, Javier Alfonso Figueroa Mejía, pudieron incurrir en incumplimiento de su deber al no proteger los intereses de la entidad por omitir ordenar hacer efectiva la póliza de cumplimiento de dicho contrato.
Afirmó además que la falta es considerada como gravísima y a título de dolo pues a pesar de tener el conocimiento directo de las fallas de los estudios y diseños referidos, los funcionarios aparentemente no realizaron ninguna acción o gestión para que se hiciera exigible la póliza prefiriendo transgredir el ordenamiento jurídico.
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