Zintia Márquez MeléndrezLa Procuraduría Regional de La Guajira destituyó e inhabilitó por 10 años a la concejala de Maicao, Zintia Márquez Meléndrez, por tener conflicto de intereses, a la hora de su elección como servidora pública.
Según el Ministerio Público, la falta es porque a la fecha de su elección, su cónyuge José Gregorio Mejía Ordúz, se desempeñaba como Secretario de Gobierno Departamental desde el 28 de agosto del 2006 hasta el 30 de diciembre del 2007.
También se logró establecer que Mejía Ordúz, es natural y residente en el municipio de Maicao y ejercía autoridad civil en el respectivo ente territorial y además, presidía el Comité Departamental de Seguimiento y Garantías Electorales de La Guajira.
En ese orden, el Procurador Regional, Carlos José Daza Díaz, la encontró disciplinariamente responsable a título de culpa gravísima y la destituye, lo que implica la terminación de su relación como servidora pública y la imposibilita a ejercer la función pública en cualquier cargo con el Estado por un término de 10 años.
En la providencia se le ofició a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la correspondiente dependencia de la Procuraduría General de la Nación, comunicándoles esta decisión para lo de sus respectivas competencias.
"El Informador"
Según el Ministerio Público, la falta es porque a la fecha de su elección, su cónyuge José Gregorio Mejía Ordúz, se desempeñaba como Secretario de Gobierno Departamental desde el 28 de agosto del 2006 hasta el 30 de diciembre del 2007.
También se logró establecer que Mejía Ordúz, es natural y residente en el municipio de Maicao y ejercía autoridad civil en el respectivo ente territorial y además, presidía el Comité Departamental de Seguimiento y Garantías Electorales de La Guajira.
En ese orden, el Procurador Regional, Carlos José Daza Díaz, la encontró disciplinariamente responsable a título de culpa gravísima y la destituye, lo que implica la terminación de su relación como servidora pública y la imposibilita a ejercer la función pública en cualquier cargo con el Estado por un término de 10 años.
En la providencia se le ofició a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la correspondiente dependencia de la Procuraduría General de la Nación, comunicándoles esta decisión para lo de sus respectivas competencias.
"El Informador"
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