Aunque reconocen que antes del año 91 el contrabando era una práctica común, los comerciantes de la zona sostienen que ahora trabajan dentro de la legalidad y señalan que el decreto del Gobierno para controlar el ingreso de licor es arbitrario.
Los comerciantes de La Guajira no quieren que los estigmaticen más. Si bien reconocen que antes de 1991 el contrabando era una práctica común, ahora trabajan con las 'cartas sobre la mesa' y el comercio se hace cumpliendo con todas las normas legales. Así lo manifestaron Mara Ortega y Álvaro Iguarán, asesores de la Gobernación de La Guajira y también de los comerciantes de Maicao, quienes señalan que el decreto expedido por el Gobierno para poner en cintura el ingreso ilegal de licor al país, atenta contra la actividad de la que viven: el comercio.
Y es que el Gobierno decidió que por la zona de Maicao, Uribia y Manaure solo se podrá importar el licor que determine la Dian, de acuerdo con el número de habitantes y del consumo per cápita. "Esto choca contra la reexportación que podemos hacer desde la zona hacia Venezuela. Solo permitirán que ingrese lo que se va a tomar en la región, ¿y lo que se reexporta qué?", pregunta Iguarán. Para ellos el lío del contrabando no está en que entre más whisky por Maicao que el que entra por el resto del país, sino en la falta de controles.
Mientras que por La Guajira ingresaron el año pasado 701.438 cajas de licor, por el resto del país entraron 379.858 cajas. "Cuando llegan los barcos al puerto, los funcionarios de la Dian están ahí verificando cada una de las cajas. Por los otros puertos del país, no todo se revisa", dice Ortega.
En la última reunión de los representantes de las gobernaciones, de las licoreras departamentales, funcionarios de la Dian y del Palacio de Nariño para hacer un seguimiento al problema del contrabando, los voceros de La Guajira pidieron que se aplazara la entrada en vigencia del decreto y que se revisara ese punto.
Sin embargo, Juan Alberto Londoño, asesor del Ministerio de Alta Consejería, manifestó que el decreto está vigente y que ahora lo que se revisa son los precios de referencia con los que ingresan los licores sobre los cuales se pagan los impuestos, así como el fortalecimiento de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Por su parte, las empresas de licores, representadas en la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (Acil), han manifestado su satisfacción por la expedición del decreto, con el cual creen, se pone freno al ingreso ilegal.
"Portafolio"
Los comerciantes de La Guajira no quieren que los estigmaticen más. Si bien reconocen que antes de 1991 el contrabando era una práctica común, ahora trabajan con las 'cartas sobre la mesa' y el comercio se hace cumpliendo con todas las normas legales. Así lo manifestaron Mara Ortega y Álvaro Iguarán, asesores de la Gobernación de La Guajira y también de los comerciantes de Maicao, quienes señalan que el decreto expedido por el Gobierno para poner en cintura el ingreso ilegal de licor al país, atenta contra la actividad de la que viven: el comercio.
Y es que el Gobierno decidió que por la zona de Maicao, Uribia y Manaure solo se podrá importar el licor que determine la Dian, de acuerdo con el número de habitantes y del consumo per cápita. "Esto choca contra la reexportación que podemos hacer desde la zona hacia Venezuela. Solo permitirán que ingrese lo que se va a tomar en la región, ¿y lo que se reexporta qué?", pregunta Iguarán. Para ellos el lío del contrabando no está en que entre más whisky por Maicao que el que entra por el resto del país, sino en la falta de controles.
Mientras que por La Guajira ingresaron el año pasado 701.438 cajas de licor, por el resto del país entraron 379.858 cajas. "Cuando llegan los barcos al puerto, los funcionarios de la Dian están ahí verificando cada una de las cajas. Por los otros puertos del país, no todo se revisa", dice Ortega.
En la última reunión de los representantes de las gobernaciones, de las licoreras departamentales, funcionarios de la Dian y del Palacio de Nariño para hacer un seguimiento al problema del contrabando, los voceros de La Guajira pidieron que se aplazara la entrada en vigencia del decreto y que se revisara ese punto.
Sin embargo, Juan Alberto Londoño, asesor del Ministerio de Alta Consejería, manifestó que el decreto está vigente y que ahora lo que se revisa son los precios de referencia con los que ingresan los licores sobre los cuales se pagan los impuestos, así como el fortalecimiento de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Por su parte, las empresas de licores, representadas en la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (Acil), han manifestado su satisfacción por la expedición del decreto, con el cual creen, se pone freno al ingreso ilegal.
"Portafolio"
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