La Procuraduría General de la Nación inició investigación al gobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier, por presunta irregularidad en la adjudicación de la Licitación Pública número 002 de 2008, a través de la resolución número 1152, cuyo objeto es “la instalación y puesta en marcha de la segunda planta para el procesamiento de la piedra de caliza, en el caserío de Los Hornitos, en el municipio de Distracción”.
Dentro de la medida también se encuentran vinculados la secretaria de Planeación departamental, Astrid Hernández Iguarán; el secretario de Obras Públicas departamental, Georin Blanchar; el jefe de la Oficina Jurídica, Danilo Araujo Daza; y el ex secretario de Hacienda, Ildefonso Medina Romero.
Dicho contrato, el cual tiene un costo de mil 675 millones de pesos, fue adjudicado el pasado 14 de julio del año en curso, en audiencia publica, por la gobernadora encargada Astrid Hernández Iguarán, a la firma Consorcio Guajira, integrado por las firmas Técnicas y Construcciones Civiles (Tecniciviles) e Inversiones Grandes Vías e Ingeniería Ltda. Las otras empresas que se presentaron fueron Aseding Ltda. y LV Servicios Ltda.
La medida fue revocada por el gobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, el pasado 22 de agosto, al parecer por presuntas irregularidades en el trámite del proceso precontractual y adjudicado el 15 de septiembre a Aseding Ltda.
La firma Aseding Ltda. solicitó a la Gobernación de La Guajira la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación, porque al parecer el Consorcio Guajira presentó falsedad en la información financiera y en el Registro Único de Proponente RUP de Tecniciviles, empresa con el 90 por ciento de la participación accionaria de la firma.
Dicha empresa reportó un patrimonio de 4.413 salarios mínimos vigentes pero tras verificar en los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá se comprobó que su patrimonio real era de 1.247.
Según el Ministerio Público, los trámites contractuales y la audiencia de adjudicación estuvieron a cargo de tres abogados, entre ellos el coordinador de la Unidad de Contratación del gobernador, Ricardo Torres Benjumea, el cual no tenía contrato vigente con la administración departamental.
Los funcionarios de la Gobernación podrían ser objetos de sanciones disciplinarias y penales, de comprobarse que hubo responsabilidad por parte de ellos.
"El Pilón"
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