Los hechos se registraron durante el año 2005 cuando fueron suscritas el 26 y 28 de abril dos órdenes de suministro cuestionadas pues no se especifica el número de ataúdes, ni el valor de cada uno, ni las condiciones para que sean entregados al municipio.
Las ordenes solamente estipulan el valor total, las cuentas de cobro están sin fecha o recibido por parte de la administración y tampoco existe un soporte probatorio alguno capaz de mostrar que efectivamente se recibieron y entregaron los ataúdes porque no hay actas o registros de defunción, ni la firma del familiar del fallecido para garantizar el cumplimiento de su objeto.
El ministerio público consideró al elevar el pliego de cargos, que en las facturas que los ataúdes tienen precios que oscilan entre los 150.000 pesos y 800.000 pesos, lo que al parecer puede significar que los valores se colocaron solamente para cumplir con el requisito de llenar la factura, cotejando los valores para luego proceder a realizar la cuenta de cobro respetiva.-
Al elevar el pliego de cargos, para la Procuraduría los disciplinados pudieron haber transgredido las normas de carácter administrativo al violar los principios contractuales en cuanto a la selección objetiva del contratista al contratar directamente, sin planeación o estudios de conveniencia y oportunidad.
La Procuraduría Regional señaló que en la actualidad pesa una inhabilidad sobre el señor Ortiz Duarte para el ejercicio de cargos públicos por el término de tres años.
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