Dos órdenes de capturas libró la Unidad de Patrimonio Económico de la Fiscalía General de la Nación, para esclarecer el desfalco que le hicieron a la gobernación de La Guajira, por un valor de 948 millones 528 mil 548 pesos, a finales del año pasado.La decisión judicial la expidió el Fiscal Cuarto Walter Naranjo, involucrando a los señores Carlos Mario Castañeda y a José Enrique Arias Coronado, quienes laboraban en la Secretaria de Asuntos Indígenas y la Oficina de Sistema de la Gobernación, respectivamente.
Según pudo establecer oficiosamente este medio periodístico, a Carlos Mario Castañeda, lo solicita el fiscal para que explique las razones que lo llevaron a acompañar a la abogada Magali Esther Cantillo Pizarro, a cobrar el cheque, así lo develaron las cámaras de seguridad del banco BBVA.
Por su parte, a José Enrique Arias Coronado, porque desde su oficina funcionaba la central de sistema de la gobernación y era considerado un experto en el manejo de computadores.
El Semanario La Guajira, conoció extraoficialmente, que cuando salieron las órdenes de capturas a la luz pública por lo menos ocho días antes los implicados ya habían desaparecido de sus residencias.
Como se recordará el desfalco a las arcas departamentales fue el escándalo de fin de año, cuando fue denunciado por el Secretario a la Gestión Administrativa, de ese entonces Manuel Sierra Deluque.
Según Sierra Deluque, los delincuentes habrían falsificado las firmas del Gobernador, José Luís González Crespo, al Secretario de Educación, Alfonso Acuña Medina y al Secretario de Hacienda (e), Adolfo Luis Barros Sierra.
En esa sustracción de dinero hasta el profesor Roberto Cova Carmona, fallecido hace más de dos años y medio, aparece como beneficiario del ilícito, cobrando la Prima Técnica, que además no lo cobijaba ya que a ésta solo tienen derecho el cuerpo directivo.
Los cheques fueron girados a los abogados Jairo Antonio Ortiz Ramos y Magali Esther Cantillo Pizarro, quienes al parecer estaban representando a varios educadores.
El giro a nombre de Ortiz Ramos fue de 465 millones 597 mil 919 pesos y a Cantillo Pizarro le cancelaron 482 millones 930 mil 629 pesos, para un gran total de 948 millones 528 mil 548 pesos, los cuales fueron cobrados en el banco BBVA en la oficina principal de esta ciudad.
Por este desfalco los profesores de La Guajira, debieron irse a paro ya que no le pagaron la prima de navidad, lo que provocó una parálisis en el sector educativo, perjudicando más de 120 mil estudiantes.
"El Informador"
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