Puerto multipropósito de Dibulla espera luz verde de Minambiente

La decisión de levantar la suspensión de las obras del puerto, depende según la directora de licencias del Ministerio de Ambiente, Diana Zapata, de la revisión de dos conceptos.

El primero está relacionado con la remediación o compensación ambiental de un humedal afectado por la empresa Brisa S.A., que según ella ya se cumplió, y el otro con la concertación entre la empresa y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sobre esto último el ministerio del Interior emitió un concepto el pasado 10 de marzo en el que establece que el procedimiento para la realización de la concertación, -se hicieron tres reuniones formales y los indígenas no asistieron- ya fue agotado, pero que se va a diseñar un mecanismo para que los aborígenes puedan ingresar a realizar sus ritos de pagamento, en el lugar donde se va a construir el puerto.

"Con base en estos dos conceptos, tanto el técnico en lo ambiental como el del ministerio del Interior, nos corresponde entonces dirimir en los próximos días el levantamiento o no de la medida de suspensión", explicó Zapata el viernes durante una audiencia pública presidida por la Contraloría General de la República en Riohacha.

En el encuentro el cabildo gobernador kankuamo, Jaime Arias, quien tomó la vocería de los pueblos indígenas del macizo montañoso, ratificó su postura sobre la afectación de este proyecto al cerro Jukulwa, un sitio que para ellos es considerado sagrado y de gran importancia para la conservación de su cultura y del ecosistema de la zona.

Arias expresó que la decisión de construir el puerto fue arbitraria y autoritaria, porque los indígenas nunca fueron consultados para el otorgamiento de la licencia ambiental y que la concertación - condicionada por el Ministerio del Interior para la iniciación de las obras- no tiene ningún fundamento jurídico.

"Estamos llamando la atención de la Contraloría General y del Gobierno Nacional para que se surta el procedimiento de una manera adecuada y de buena fe", dijo el líder indígena.

Aclaró que faltaron a algunas reuniones de concertación porque consideran necesario que el impacto de megaproyectos como el puerto Brisa y las represas del Ranchería y Besotes (Cesar) en la Sierra Nevada de Santa Marta, sea discutido de manera integral en una reunión que tenga como interlocutor al Gobierno Nacional no a la empresa privada.

Ante las quejas de los indígenas, el contralor delegado en lo ambiental, José Gregorio Manga, anunció que conformarán un grupo interdisciplinario para revisar el proceso de licenciamiento ambiental y determinar si estuvo ajustado a la legalidad.

Pese a que el puerto es visto por los pueblos aborígenes como una amenaza que causaría daños ambientales y culturales irreversibles, el clamor de los dirigentes políticos y pobladores del departamento que asistieron a la audiencia fue que el Ministerio de Ambiente le de viabilidad al proyecto, por constituirse en una oportunidad de trabajo para los guajiros, con la creación de 3.500 empleos directos y 15.000 indirectos.

El presidente de puerto Brisa, Juan Emilio Posada, confía en que la suspensión será levantada porque, afirma, cumplieron cabalmente con los requisitos exigidos por el Ministerio. La empresa, dijo, removió los 260 metros de terraplén que construyeron en el humedal y, además, emprendió anticipadamente acciones de mitigación ambiental como la plantación de más de 80 mil plantas de especies nativas, de las cuales 4.000 están en la zona de manglar. Igualmente, expresó que han hecho todos los esfuerzos para tratar de concertar con los indígenas.

Posada afirmó que el proyecto ha tenido varias modificaciones como el cambio de ubicación de la zona de patios, que inicialmente sería construida sobre el bajo, para afectar lo menos posible los ecosistemas del manglar y el pantano, que según el Instituto Humboldt, son altamente vulnerables.

Las obras del puerto están paralizadas desde octubre de 2006 por determinación de Minambiente.

"El Tiempo"